No es justicia. Es proscripción y persecución política.

Quizás hoy quienes se definen opositores al peronismo sientan un poco de satisfacción.

La historia argentina es tristemente circular. No hay progresión. Se repiten, con algunos condimentos, los mismos dramas.

Un amigo de Macri paga miles de dólares a una carpintería invisible con la cual preparan un intento de magnicidio, como apriete y condicionamiento a toda la diligencia política. El fin de semana quedó al desnudo la conspiración de algunos políticos, jueces, fiscales, empresarios y periodistas.

El resultado: amplias mayorías quedan sin derechos políticos y monetarios. La deuda impagable. Que la plata no alcance en el supermercado. Que no puedas pedir un crédito para construir tu casa. Tus hijos/as se olviden de ir a la Universidad, por lo menos pública. Donde la concentración económica queda en manos de unos pocos. La cobertura de salud y jubilatoria sea deficiente. La participación se reduzca a personajes inefables. La violencia callejera se entremezcle con el narcotráfico y después se use el eufemismo de inseguridad. Todo ello y más, se juega en estas movidas que no tienen incidencias reales en el destino de Cristina (judicial, porque no es gratuito para ella y su familia) pero si en un país que se verá perjudicado en sus resortes institucionales y democráticos. En el aparato productivo donde se juega el trabajo y la posibilidad de pensar un proyecto personal y colectivo.

Este fallo judicial es sólo un chivo expiatorio. El Lawfare tiene que ver justamente con esa persecución judicial que ante la aparente “legalidad” sólo busca desestabilizar y criminalizar a la política, especialmente al peronismo.

Pero el liderazgo de Cristina dentro del campo nacional y popular es indiscutido. Lo que se condena es ese modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de derechos. Lo que se encarcela es la posibilidad de un país para todxs.

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